Cultura agradece también la posición estadounidense por evitar "la perturbación ilícita de navíos", por defender el patrimonio de España y respetar el lugar donde descansan los restos de los aquellos que murieron "mientras prestaban servicios a su país".

500.000 monedas

El tesoro fue expoliado por Odissey en mayo del 2007 en un lugar aún no identificado al sur de Portugal y al oeste de Cádiz y está valorado en unos 400 millones de euros. Cuando la compañía hizo público el hallazgo, el Gobierno español lo reclamó con el argumento de que pertenecía al cargamento de la fragata de la Real Armada Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por una flota inglesa en esa zona el 5 de octubre de 1804 durante la Batalla del Cabo de Santa María. Pero para entonces Odyssey ya lo había trasladado a Florida a través de Gibraltar. El Gobierno español denunció ante los tribunales estadounidenses a Odyssey y reclamó la propiedad de las 500.000 monedas de oro y plata que transportaba.

El Gobierno español siempre sostuvo que los restos pertenecen a un cementerio marino -en la explosión fallecieron 200 marinos y sus familiares- y se encuentran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, un principio jurídico "absolutamente claro" en EE.UU.

Posición oficial

El abogado que representa al Gobierno español en el caso presentó ayer al tribunal la respuesta de España a las alegaciones presentadas por la empresa, Perú y otras partes. Asimismo, Estados Unidos ha presentado al tribunal la posición oficial en apoyo a los intereses de España con documentación jurídica preparada por el Departamento de Justicia que incluye las posiciones del Departamento de Estado y de la Armada estadounidenses.

El proceso legal en Estados Unidos requiere que todas las partes que se presentaron en el proceso judicial argumenten ante el juez Steven Merryday la legitimidad de la decisión adoptada el pasado mes de junio por el magistrado Pizzo, que dictaminaba que el tesoro rescatado del fondo del Atlántico debía ser devuelto a España.

Cementerio de españoles

Ante el informe y la recomendación emitidas por el magistrado, el abogado del Gobierno español argumenta que dicha decisión refleja "un correcto y cuidadoso análisis de la evidencia y de los principios legales que establecen que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercial". Igualmente, reconoce que los tribunales de otros países deberían unirse al Estado español en la protección del patrimonio histórico subacuático para el beneficio público.

Aquella primera decisión, que consolidaba el precedente establecido en el caso del Juno y la Galga, reconocía de una manera clara y contundente que el “mutuo respeto entre las naciones requiere que el lugar donde se encuentra el pecio Nuestra Señora de las Mercedes con todas las personas que perecieron en aquel día fatídico permanezca inalterado". El Derecho internacional reconoce la solemnidad del lugar donde yacen y los intereses soberanos de España en preservarlo.

Odyssey había propuesto al Gobierno español llegar a un acuerdo sobre los derechos de propiedad del tesoro que transportaba la fragata. Nuestro Gobierno siempre se opuso a ningún acuerdo con una empresa a la que calificó de "pirata".

 

Patrimonio de nuestra historia

En el momento de la batalla, las hostilidades entre Gran Bretaña y España habían sido suspendidas por el Tratado de Amiens de 1802, por lo que nuestro país no se encontraba en guerra con Inglaterra. En respuesta a este ataque, España declaró la guerra a Gran Bretaña y entró nuevamente en las Guerras Napoleónicas que duraron otra década más. El hundimiento de la Mercedes marcó un momento clave en la historia de España y de Europa; por tanto, el Gobierno español siempre ha sostenido que el pecio y su contenido forman parte del inalienable patrimonio histórico de nuestro país. 

 

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