“Se trata -explicó- de un sistema mixto en el que la Administración y la Justicia tienen cada uno su papel y que da la última palabra a los jueces. Es una propuesta muy equilibrada porque permite a la Administración actuar contra quienes que se enriquecen ilegalmente y perjudican a las obras de otros”. La ministra se comprometió a que “la libertad de expresión e información en la Red quedarán garantizadas”.

En manos de la Audiencia Nacional

Las medidas aprobadas por el Gobierno contra la piratería en Internet serán aplicadas, según González-Sinde, "proporcionalmente", afectarán en todo caso a entre 100 y 200 páginas de descarga ilegal y no tienen como objeto cerrar blogs personales. "Hablamos de una página que se lucra y perjudica a alguien porque explota un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un videoclip de una canción".

González-Sinde ha explicado que si un titular de derechos considera que estos están siendo vulnerados porque su obra se distribuye sin contrato o licencia en una página web podrá advertir de este hecho a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Tras analizar esta cuestión, y en el caso de que se confirme ese uso ilícito, la Comisión emitirá una resolución ordenando la retirada de los contenidos ilegales de esa página web o, en los casos de mayor gravedad, su bloqueo, pero "dicha resolución no será efectiva hasta que no se pronuncie la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional”.

El juez tendrá un plazo de cuatro días para oír a los afectados y verificar que la resolución adoptada por la Comisión no vulnera los derechos y libertades fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución. Según asegura Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual "será un órgano plural formado, entre otros, por expertos de prestigio como juristas, autores y representantes de los consumidores".