Esta medida se incluye en el Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal que implica la desaparición de 14
sociedades mercantiles y la fusión de otras 24, que pasarán a ser nueve. Además, la DDI (Sociedad Estatal para el
Desarrollo del
Diseño y la Innovación) se integrará en la ENISA (Empresa Nacional de
Innovación).

Hoy también se ha aprobado el Plan sobre Racionalización de
Estructuras en la Administración General del Estado, que implica la
desaparición de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura, y del Departamento de Educación y Cultura de la Presidencia del
Gobierno.

Antes de fin de año

La
vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha precisado que antes del 31 de julio se
amortizarán un total de 450 puestos de consejeros y 80 puestos de
directivos y ha cifrado en 16 millones de euros el ahorro
directo que supone estos recortes. Además, y para la misma fecha, todas las empresas y entidades públicas empresariales habrán tenido que reducir el número de consejeros en al menos un 15%.

En cuanto al Plan sobre Racionalización de
Estructuras en la Administración General del Estado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, ha explicado que supondrá la reducción de 32 altos
cargos, de los que ocho son directores generales, uno secretario general y
14 organismos autónomos con rango de director general.

Fernández de la Vega ha avanzado que el Gobierno
adoptará en "un plazo máximo de tres meses" las nuevas estructuras
ministeriales. También se iniciará inmediatamente, para culminar antes
de que acabe el año, la reestructuración del sector público empresarial,
la racionalización de las fundaciones públicas y la reducción de los
representantes de la Administración General del Estado en los consejos
de administración de las sociedades estatales.

Además, ha dicho que el Gobierno aplaza hasta la finalización del
semestre de Presidencia rotatoria de la Unión Europea, el 30 de junio,
aquellas decisiones que afecten a la estructura del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación.