La convención de 1970, que trató sobre las medidas que debían adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, se convirtió en un instrumento pionero de la legislación Internacional para frenar el en aquel momento creciente tráfico ilícito y para fomentar la cooperación entre Estados para proteger su patrimonio.

España ratificó esta convención el 10 de enero de 1986 y desde entonces ha trabajado estrechamente con la UNESCO, consiguiendo importantes logros y restituciones de piezas a sus países de origen. Hoy en día, y dada la espectacular globalización de este tráfico ilícito, la convención cobra una importancia aún mayor, siendo absolutamente necesario darla a conocer para aumentar la concienciación social al respecto y que todos los países del mundo la suscriban.