Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo celebrado hoy. Homs ha explicado que la Generalitat no tiene «ninguna voluntad de entrar en conflicto» con el Gobierno de Aragón, pero que «lo que le toca es defender a los intereses del Museo».
El recurso contra la Orden de 28 de enero de 2011, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, se ha presentado ante la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Alegaciones y recursos
El Gobierno catalán recuerda que el director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat ya había presentado previamente alegaciones a la resolución de 3 de noviembre de 2010 de Aragón, por la cual se incoaba el procedimiento para incluir en el patrimonio cultural aragonés los bienes mencionados.
Aquellas alegaciones remarcaban la improcedencia de incoar ese procedimiento y reclamaban que se archivara el expediente, basándose en el hecho que estos 86 bienes ya están protegidos por la ley del patrimonio cultural catalán para los bienes catalogados, régimen jurídico al cual están sujetas las obras en litigio desde el año 1999.
El Gobierno de Aragón desestimó esas alegaciones y dictó la orden de 28 de enero de 2011, contra la cual el Gobierno catalán ha decidido interponer ahora recurso. Cabe recordar que estas piezas objeto de recurso forman parte de las 113 obras de arte sacro que se disputan las diócesis de Lérida y Barbastro-Monzón.
El origen del problema
Desde 1995, el obispado de Barbastro-Monzón reclama al de Lérida 113 piezas de arte sacro que están depositadas en la diócesis leridana desde hace más de 100 años –27 de las cuales reconoce tenerlas en depósito–, ya que proceden de iglesias oscenses que inicialmente pertenecían a la diócesis catalana y que actualmente pertenecen a la aragonesa.
El Vaticano ha ordenado en repetidas ocasiones al Obispado de Lérida que entregue dichas piezas de arte a Aragón, pero éstas se encuentran protegidas por el Govern catalán, que no ha dado su permiso para disgregar la colección del museo leridano.
El conflicto llegó a la jurisdicción civil, que estableció que la totalidad de las obras estaban en Lérida en calidad de depósito. Este proceso aún no ha finalizado porque está en fase de recurso.
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