las alegaciones presentadas por la plataforma "Cineastas contra la Orden".
Esto supone que la convocatoria de ayudas al cine para 2010, que debía publicarse antes del 31 de diciembre, no podrá aprobarse hasta el próximo año a la espera de que se resuelva el proceso comunitario. La Orden entró en vigor tras su publicación en el BOE el pasado 24 de octubre, aunque pendiente de la aprobación de Bruselas.
Ahora, tras recibir las alegaciones de la plataforma, el Ejecutivo comunitario, según establecen sus normas de procedimiento, debe analizar esas cuestiones con el Estado miembro implicado, lo que impide utilizar el proceso simplificado que había solicitado España, pero no supone que se haya derogado la orden ni bloqueado las ayudas, precisaron las fuentes ministeriales. La orden ministerial de desarrollo de la Ley de Cine regula exclusivamente las ayudas públicas que tienen carácter centralizado.
Polémica
La norma ha causado polémica por dejar fuera de las ayudas complementarias a las películas con un presupuesto inferior a 600.000 euros, así como por un sistema de puntos para las producciones que se mueven entre esa cifra y los 2 millones de euros. Además, las ayudas para el desarrollo de proyecto serán de un máximo de 150.000 euros, siempre que ese importe no supere el 50% del presupuesto total.
La plataforma "Cineastas contra la Orden", integrada por 205 miembros, entre ellos Javier Rebollo, Miguel Albaladejo, Salvador García Ruiz, Unax Ugalde, Cristina Huete o Fernando Trueba, consideran que el texto entra en conflicto con la pluralidad del cine español y da prioridad a las grandes producciones respecto al cine independiente.
El nuevo reparto de ayudas deja a las producciones con menos de 600.000 euros de presupuesto con la única opción de optar a las subvenciones sobre proyecto, lo que provoca, según la plataforma, que "un rango de películas vaya a ser extraordinariamente difícil de producir, porque no va a contar con ayuda significativa por parte del Estado".
De ahí que los miembros de la plataforma decidieran enviar un escrito a Bruselas para que analizara la orden ministerial y pudiera "detectar contradicciones tanto con la legislación europea como con otras". Ese escrito es el que ahora debe analizar la Comisión antes de tomar una decisión sobre la aprobación definitiva de la orden.