La obra de Miranda se caracteriza por transmitir inquietudes sociales, históricas y culturales como son el rol de los movimientos sociales y el del Estado. Su proceso de creación es contextual. Si bien ese contexto desde donde trabaja es también un proceso de investigación histórica y de archivos se concentra, además, en los acontecimientos, sucesos o situaciones referentes al lugar donde expone.
En esta ocasión plantea un espacio de reflexión en torno a una de las leyes más polémicas promulgadas en los últimos años: la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”. A partir de la intervención de más de cien planchas de cemento apiladas (sobre las que transfiere textos y fotografías reveladas con técnica analógica) indaga en la normativa que restringe la celebración de reuniones no comunicadas a las autoridades en espacios públicos, entre otros vetos y sanciones.
[1]El puertorriqueño aspira con esta pieza a contribuir, desde su subjetividad, a la transformación del propio espacio de su actividad y a proyectarlo más allá del contexto institucional del arte.
Para Omar-Pascual Castillo, comisario de la muestra y director del CAAM, Miranda “propone un arte que coloca al artista como un ente sociológico, o mejor, como un ideólogo urbano que ensambla estrategias binarias de la frontalidad social, donde el campus del arte se transmuta en un campo minado de ideas. Unas ideas que presionan hacia el quiebre de las fronteras que nos liberan del peso de la dictadura de la historia misma, la ley y la imagen”.
Sobre la «Ley Mordaza»
La Ley de Seguridad Ciudadana, o «Ley Mordaza», está en vigor desde el 30 de junio pasado, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha pedido su revisión inmediata. Según este organismo de la ONU, la Ley puede tener un efecto disuasorio “para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica».
En su informe del pasado 23 de julio, el comité denuncia cómo esta normativa –así como la paralela reforma del Código Penal– implica un «uso excesivo de las sanciones administrativas» y «excluye ciertas garantías judiciales». Naciones Unidas acusa al legislador de utilizar «términos vagos y ambiguos» que pueden traducirse en una aplicación «discrecional» de la Ley.