«Estas mentiras crean sentimientos que refuerzan posiciones, pero no dejan de ser falsedades». Medido siempre en sus tesis y afirmaciones, Juliá se ha caracterizado como un experto marcado por la objetividad. Desde esa condición lamenta el estado actual de los acontecimientos –»siento una cierta amargura»– y se refiere a la mentira como un elemento substancial de la política a lo largo de la historia, «aunque en el momento actual acaso esa lamentable práctica se está llevando al extremo. Cuando los nacionalistas dicen ‘España nos roba’ no es verdad, pero les da lo mismo porque crean el sentimiento de rechazo, que es lo que buscan».

La mentira como práctica deleznable y común, afirma, se produce porque los partidos utilizan siempre la historia en su beneficio para que ésta se vuelva productiva para sus intereses. «Si es preciso se miente y los movilizadores del independentismo actual están continuamente falseando la verdad. Los políticos están guiados por lo que resulte productivo para sus políticas del presente. Eso es y ha sido así excepto en algunos casos en los que la política era entender el pasado para actuar sobre él de forma racional como, por ejemplo, la visión que en su momento tuvo Azaña».

Transición no se limita al análisis del período posterior a la muerte de Francisco Franco –la Transición que unos elevan a categoría de modelo mientras es vilipendiada por otros como ‘régimen del 78’–, sino que se retrotrae a cuando ese concepto entró en el léxico político español hace ya ochenta años como una propuesta para clausurar la Guerra Civil, y llega hasta el uso que de él se hace en el presente.

El historiador aborda los distintos intentos de establecer una Transición en España, desde el emprendido en 1937 para decretar un armisticio que propiciase el reencuentro de los dos bandos hasta el que culminó con las elecciones democráticas de junio de 1977, así como el posterior uso político que se ha hecho de este periodo trascendental en la historia reciente de España. En definitiva, Santos Juliá ofrece una apasionante historia política de este largo proceso de transición a la democracia, investigando en las huellas que ha ido dejando antes, mientras y después de que se produjera.

En sus orígenes y diversos significados durante la misma guerra, y luego, en la oscura edad de la posguerra, en los años cincuenta al socaire de una nueva generación; en los sesenta con las pancartas al viento reclamando libertad y amnistía, la transición fue una expectativa que acabó por formularse como una pregunta: después de Franco, ¿qué? Y a la respuesta en la década de los setenta como libertad, amnistía y estatutos de autonomía acompañó un extendido desencanto, disuelto como por ensalmo el 23-F con el fondo del asalto al Parlamento.

¿Fin de la historia? «Qué va», afirma el autor, si no comienzo de los usos políticos. La Transición, que con la Guerra Civil es uno de los dos hechos que han marcado con sello indeleble el siglo XX de España, sigue ahí, para unos como causa de todos los males, un candado que habría que reventar; para otros, como motivo de orgullo.

El historiador considera que el momento actual es «típico de debilidad» por parte del Gobierno central, «por lo que los poderes territoriales tratan de aprovecharlo buscando el máximo rédito posible». En este sentido cree que debe abordarse una nueva Constitución: «La del 78 ya está cumplida y los poderes territoriales son agentes con tanto poder de Estado que debían a medio y largo plazo tomar la iniciativa de una reforma constitucional con el Congreso de los Diputados, no el Congreso por sí solo».

Esta iniciativa debe adoptarse bajo la consideración de que las autonomías «son poderes del Estado, no un Estado frente al otro». Lamenta que en su momento la reforma de los estatutos produjo una «fiebre estatutaria que generó un problema nuevo para la política española a la que se debió dar respuesta procediendo a reformar la Constitución».

«Eso es lo que estamos pagando ahora. A partir de ese momento era a ver quién podía forzar más las costuras de la Constitución, y las políticas para la construcción nacional fueron la preocupación primera de las comunidades autónomas: construir nación, identidades colectivas y, a partir de ahí, los poderes territoriales empiezan a relacionarse con el Estado español como si fueran otro estado».

A ello hay que añadir, para mal, significó Juliá, que el Senado no cumple la función que debiera, «garantizando la presencia de las comunidades en la formación de las políticas del Estado y atribuyéndoles los poderes claramente tasados de un Estado federal, así como la gran recesión y la corrupción del partido en el poder, que facilitaron un Estado central vulnerable en el que las pulsiones de los poderes territoriales buscan el máximo».

«El problema es que la Constitución debió reformarse antes. Quizás el momento más oportuno habría sido a principios del año 2000, pero ha habido un mal hábito político entre todos los partidos por su incapacidad para llegar a un acuerdo; por su incapacidad para dialogar», concluye el historiador.