La convalidación del texto ha contado con el apoyo del Grupo Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y UPN, mientras que el Grupo Popular, EH Bildu, CUP y JxCat se han abstenido. ERC y Vox votaron en contra.

El ministro ha recordado que el montante global del conjunto de medidas articuladas asciende a 76,4 millones de euros, además de los derivados de los incentivos fiscales, “un notable esfuerzo de solidaridad con el mundo de la cultura en momentos complicados, de resistencia y supervivencia. Un esfuerzo plenamente justificado”.

“Debemos proteger y cuidar a los protagonistas del hecho cultural. La cultura es un eje vertebrador de nuestra democracia. Es nuestra obligación garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, y proteger el empleo y las empresas que desarrollan su actividad en el sector. Se trata de personas y se trata de valores, de derechos y de principios”, ha dicho Rodríguez Uribes.

Financiación

“El mecanismo de avales ICO para la financiación de las empresas, por ejemplo, que está cumpliendo su objetivo de manera satisfactoria en el ámbito general, no ha llegado con la intensidad deseada a las empresas del sector, por lo que ha sido imprescindible acudir a una herramienta financiera especializada en prestar avales a las pequeñas y medianas empresas del sector cultural: la Sociedad de Garantía Recíproca CREA, a la cual el Ministerio ha dotado con fondos por un importe total de 20 millones de euros”, ha destacado el ministro.

A estos fondos se suma la apertura de una línea de financiación específica para PYMES del sector cultural que llega a los 780 millones de euros, de los que cada ‘subsector’ accederá a un mínimo de 40 millones. Así, las Bellas Artes, el Libro, la Música, las Artes Escénicas y las Audiovisuales podrán conseguir liquidez inmediata y específica.

Arte contemporáneo

Por otro lado, el Real Decreto-ley incorpora ayudas extraordinarias por valor de 1 millón de euros para la Promoción del Arte Contemporáneo, que se articulan en dos vertientes: impulsar el desarrollo de proyectos de innovación digital que fomenten la difusión de las artes visuales, la creación artística, la comunicación y la difusión internacional; y fomentar, mediante una dotación extraordinaria, la adquisición de arte contemporáneo español.

Su finalidad es favorecer el mercado interno de arte contemporáneo, al que por primera vez se le dedica una cantidad específica e independiente del resto del presupuesto que la Dirección General de Bellas Artes dedica a la adquisición de piezas para las Colecciones Públicas del Estado. Los destinatarios de estas medidas son tanto los artistas visuales como las galerías, críticos y comisarios.

Todo ello sin perjuicio de que también pueden optar a la liquidez (al menos 40 millones de euros) y deben ser ‘destinatarios seguros’ de los beneficios fiscales aprobados en este Real Decreto en materia de mecenazgo, según las cuales se elevan 5 puntos porcentuales la deducción prevista para las donaciones, modificando al efecto la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Libro

En el sector del libro, el ministro ha informado de la creación de una línea extraordinaria de ayudas por importe de 4 millones de euros para garantizar el mantenimiento de las estructuras del sector y de la cadena de suministro. “Se trata de ayudas destinadas fundamentalmente a las librerías independientes, cuyo cierre temporal ha provocado una drástica caída de su facturación que podría abocarlas al cese de su actividad. Garantizar la supervivencia de las librerías independientes es de vital importancia para el sector, pues su especial fragilidad afecta al flujo de actividad económica de toda la cadena (autores, editores, distribuidores, traductores, etc.). Son en buena medida la rueda que permite poner en marcha toda la actividad editorial”.

Escénicas y música

En el ámbito de las artes escénicas y la música, el ministro Rodríguez Uribes ha destacado la puesta en marcha de un sistema de ayudas extraordinarias para el mantenimiento de sus estructuras y para el desarrollo de actividades. Estas ayudas, por valor de 38,2 millones de euros, serán implementadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Además se modifica la legislación de contratación pública para permitir que los profesionales puedan percibir anticipos e indemnizaciones en caso del aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas con el sector público, con el límite de 50.000 euros.

Audiovisual

Respecto a la cinematografía y las artes audiovisuales se ha establecido la concesión directa de subvenciones por importe de 13,2 millones de euros a los titulares de salas de exhibición cinematográfica, cuya actividad se ha visto igualmente suspendida a raíz de la crisis.

“Son medidas destinadas, por un lado, a paliar los gastos derivados de la implementación de un plan de prevención de riesgos para sus trabajadores, velando a su vez por la protección y seguridad del público en su reapertura; gastos como la desinfección de los espacios, la adquisición de material de protección, la instalación de mamparas o la colocación de señalética específica. Por otro lado, también tienen la finalidad de subvencionar los gastos relacionados con campañas de reapertura y vuelta del público a los cines”, ha dicho.

Del mismo modo, y con el objetivo de promover la financiación privada en la industria audiovisual, el Real Decreto propone una serie de modificaciones normativas de carácter fiscal. En concreto se aumentan sensiblemente los incentivos fiscales relacionados con la producción cinematográfica de largometrajes y cortometrajes, que favorecerá la mayor competitividad del sector tanto en el entorno nacional como en el internacional.

De esta forma se permitirá atraer más producciones y rodajes internacionales, fomentar las coproducciones y aumentar la actividad de la industria audiovisual en España, dando derecho, en el caso de los productores cinematográficos de largometraje, a importantes deducciones, siempre que al menos el 50% de la base de la deducción se corresponda con gastos realizados en nuestro país.