Este órgano estará integrado por vocales del Ministerio de Hacienda; Educación y Formación Profesional; Trabajo y Economía Social; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Universidades, y está previsto que su primera reunión se convoque en septiembre.
El Estatuto es una de las reformas enmarcadas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que el Gobierno espera impulsar el sector cultural, mejorando las condiciones laborales de sus trabajadores y mitigando las consecuencias de la crisis provocada por la COVID-19. Su creación dará respuesta a las necesidades del sector en cuanto a, por ejemplo, fiscalidad, protección laboral, Seguridad Social o derechos de autor.
En un sector azotado por el desempleo, en el que un 30% de sus profesionales trabaja como autónomo, encadenando rachas de gran actividad con otras de apenas trabajo y con una gran temporalidad, el Estatuto se reclama como una herramienta imprescindible.
Tres años de retraso
En septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con 337 votos a favor y ninguno en contra el Informe sobre el Estatuto del Artista elaborado por la Subcomisión de Cultura y que tres años después sigue sin aplicarse en su integridad.
En enero de 2019, el pleno extraordinario del Congreso aprobó por unanimidad la convalidación del real decreto-ley del paquete de medidas que, en palabras del Gobierno de entonces, conformaban una parte del Estatuto. El 21 de junio de este año, el mismo pleno aprobó una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno a entregar en tres meses el Estatuto definitivo. El plazo terminaba precisamente en septiembre.
Dos días después de la aprobación de la creación de la Comisión por el Consejo de Ministros, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, expresó su deseo de que el Estatuto se tramite parlamentariamente el año que viene: «No me atrevo a poner plazos, lo que sí digo es que se hizo un magnífico trabajo en el Congreso a partir de la Subcomisión, que llegó a unas conclusiones por unanimidad. Eso me parece que fue hace tres años. Por lo tanto, el tiempo apremia».