Desde 2012, la llamada compensación equitativa por copia privada se sufraga en España con cargo a los Presupuestos Generales, pero tres entidades de gestión de derechos [Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), de Derechos de Autos de Medios Audiovisuales (DAMA) y de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)] solicitaron al Tribunal Supremo que anulara dicha regulación. Este tribunal, a su vez, consultó a la justicia europea, que ahora da la razón a las entidades gestoras de derechos.

«El sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste de dicha compensación solo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas», dictan los jueces, que, añaden: «A falta de afectación de ingresos concretos –como los procedentes de un tributo específico– a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas».

El derecho a la copia privada establece que cualquier persona puede tener copias de contenidos protegidos por derechos de autor (películas, música, libros) para su uso personal. A cambio, los titulares de la propiedad intelectual de esos contenidos tienen derecho a una compensación económica. Hasta diciembre de 2012, esta cantidad se obtenía mediante una tasa a todos los soportes (DVD vírgenes, discos duros, teléfonos móviles, ordenadores) susceptibles de almacenar este tipo de contenidos.

De 2008 a 2011, los ingresos del canon digital pasaron de 83,3 a 115 millones de euros. Tras el cargo a los PGE, la cifra quedó reducida a 8,6 millones de euros, hasta fijarse en los cinco millones de los tres últimos ejercicios, lo que ha llevado a las entidades de gestión a una situación insostenible.

Ahora, el caso irá de vuelta al Tribunal Supremo, que tiene la obligación a seguir la jurisprudencia europea.

Antecedentes

En 2001, una Directiva de la Unión instauró un marco jurídico armonizado de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor basado en un elevado nivel de protección de los titulares de los derechos. A tal fin, los Estados miembros debían establecer, entre otros, el derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras. No obstante, los Estados podían introducir excepciones a este derecho exclusivo de reproducción, en particular, en el caso de las reproducciones efectuadas por personas físicas para uso privado y sin fines comerciales («excepción de copia privada»).

En este caso, los titulares de los derechos deben recibir una compensación equitativa. Desde 2012, la compensación equitativa por copia privada en España se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En virtud de este sistema, el importe de esta compensación se determina anualmente, dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

En febrero de 2013, varias entidades de gestión colectiva de derechos de autor, facultadas para percibir la compensación equitativa, solicitaron al Tribunal Supremo que anulara la citada normativa española. En este contexto, el Supremo preguntó al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada sufragado con cargo a los Presupuestos, cuando dicho sistema no permite asegurar, como ocurre en España, que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas.

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia de la UE declara que la Directiva se opone a este sistema, en la medida en que no asegura que el coste de la compensación equitativa sea soportado, en último término, por los usuarios de copias privadas.

Personas físicas

Aunque el sistema de financiación de la compensación equitativa más comúnmente elegido sea actualmente el del canon, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva no se opone, en principio, a que los Estados miembros que han decidido introducir la excepción de copia privada opten por financiarla con cargo a sus Presupuestos Generales (una solución que también ha sido adoptada en Estonia, Finlandia y Noruega). En efecto, siempre que ese sistema alternativo garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de los derechos, por un lado, y que sus modalidades garanticen su percepción efectiva, por otro, debe considerarse, en principio, compatible con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual.

Sin embargo, el Tribunal observa que la excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas, que efectúan o tienen la capacidad de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines comerciales. Estas personas son quienes causan un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda.

Por su parte, las personas jurídicas están excluidas del derecho a acogerse a esta excepción. En este marco, aunque los Estados miembros pueden instaurar un sistema en virtud del cual, en determinadas circunstancias y por razones prácticas, las personas jurídicas estén obligadas a financiar la compensación equitativa, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen. Este requisito se aplica en todos los casos en los que un Estado miembro introduce la excepción de copia privada, con independencia de si éste establece un sistema de compensación equitativa sufragada mediante un canon o con cargo a sus Presupuestos Generales.

En el caso español, el Tribunal Supremo indica en su auto de remisión que el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas. En efecto, a falta de afectación de ingresos concretos –como los procedentes de un tributo específico– a gastos determinados, ha de considerarse que la partida presupuestaria destinada al pago de la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas.

Por otro lado, el Alto Tribunal recuerda que no se ha demostrado que en España exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución.