Hace más de un año, en febrero de 2014, que la Asociación de Directores de Museos de Arte Contemporáneo [1] (ADACE), el Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales [2] (CCAV), el Consorcio de Galerías Españolas de Arte Contemporáneo [3] (CG), la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales [4] (FEAGC), el Instituto de Arte Contemporáneo [5] (IAC), Mujeres en las Artes Visuales [6] (MAV), la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes [7] (SEyTA), y la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales [8] (UAAV) comenzaron este proceso de reflexión.
«Decidimos ponerlo en marcha para que, por primera vez, pudiéramos defender de forma conjunta los derechos de todos los profesionales del sector y también para tratar de reivindicar una mayor presencia y una defensa del papel del arte contemporáneo como un bien público, ya que este tiene un papel fundamental para lograr una ciudadanía crítica, una sociedad más igualitaria, diversa y más cohesionada», según ha asegurado Jorge Díaz, representante del IAC en la presentación.
Esta plataforma abierta, inclusiva y participativa surge porque «somos conscientes de que es el momento de realizar una serie de reivindicaciones, pero también de buscar unas repuestas que no queden en el aire», destaca Alberto de Juan, de CG. «Hemos retrocedido en materia de presupuestos 15-20 años, por lo que consideramos que la situación actual del arte contemporáneo es de orfandad, es decir, que no hay ni presupuestos públicos ni estimulación del sector privado».
Tres ejes de actuación
Por estas y otras muchas cuestiones, a lo largo del último año se ha dado forma a un documento en las reuniones generales que las asociaciones han ido celebrando. Este documento se sustenta sobre tres ejes fundamentales de actuación: la aplicación y extensión de las buenas prácticas a todos los ámbitos y agentes que conforman el sector del arte contemporáneo; los recursos económicos y la financiación necesarios; y la educación y la política cultural para las artes visuales.
En concreto, este texto incluye 37 acciones, «que tienen que ver con el papel de la educación y una política cultural específica para las artes visuales», afirma Jorge Díaz, «enmarcadas en la consecución de nueve objetivos generales que representan la vocación de diálogo abierto con la ciudadanía y los movimientos sociales, los partidos políticos y las diferentes administraciones públicas».
Objetivos generales
El primero de estos objetivos generales exige aplicar y ampliar el Código de Buenas Prácticas (31 de enero de 2007) a todos los ámbitos y agentes que conforman el sector del arte contemporáneo. El segundo plantea cumplir «de manera real» con la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), en concreto con el artículo 26 que regula la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual, por lo que la paridad se tendría en el número de exposiciones individuales y colectivas, pero también en jurados, órganos consultivos, equipos de trabajo y directivos.
En tercer lugar se reclama favorecer la participación y fomentar el valor del arte y la cultura mediante la aplicación de la Ley de Transparencia, de acceso a la información pública y el buen gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre). El cuarto punto demanda recuperar los presupuestos públicos para el mundo de la cultura y el arte, al mismo nivel que antes de la crisis económica; y el objetivo número cinco pretende favorecer y apoyar la inversión del sector privado.
Se demanda una promoción de la igualdad que incluya medidas económicas en sexto lugar, y en el séptimo, la mejora del papel del arte en el sistema educativo, de forma que garantice el derecho al conocimiento y disfrute de la creación contemporánea, así como al derecho de acceder a su práctica. El punto ocho reivindica el desarrollo de acciones específicas para la promoción y difusión del arte en el marco de la política cultural. Finalmente, el noveno objetivo quiere fomentar una información rigurosa y de calidad sobre arte contemporáneo en los medios de comunicación.