A este organismo, con sede en Salamanca, se le encomienda mantener y desarrollar el Archivo General de la Guerra Civil Española, en el que se integrarán todos los documentos originales o copias fidedignas referidos a la Guerra Civil y a la represión subsiguiente que se encuentran en museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal.
Los documentos custodiados actualmente por Adif, que se encuentran depositados en un almacén en el municipio de Las Rozas de Madrid, incluyen 110 ficheros con la relación alfabética de los aproximadamente 100.000 ferroviarios que se vieron inmersos en un «proceso de depuración». Cada uno de los expedientes contiene los documentos que se utilizaron en el proceso, como acusaciones, pliegos de cargo y de descargo, informes de la Guardia Civil, ayuntamientos y Falange; así como oficios y correspondencia entre distintos departamentos.
Proceso masivo
Las sanciones impuestas podían ir desde la censura escrita hasta la separación del servicio, pasando por la suspensión de empleo y sueldo, el traslado de lugar o de servicio, el apercibimiento, la suspensión y demora de ascensos por tiempo determinado, y el descenso de categoría o sueldo. El proceso de depuración del personal ferroviario se saldó con el siguiente balance: separación definitiva (7.082 trabajadores), reintegrados con sanción (16.650), reintegrados sin sanción (34.100) y fallecidos (800).
Estos expedientes de depuración tienen su origen en la Ley de 10 de febrero de 1939, que disponía la depuración de los empleados públicos que se encontraban en zonas controladas por el ejército del general Franco. La extensión al personal de las distintas compañías ferroviarias, que en 1941 pasaron a constituir la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe), se produjo a partir del Decreto de 27 de febrero de 1939, que ampliaba la depuración a los funcionarios de corporaciones y empresas concesionarias de servicios públicos.