Los técnicos han delimitado y acotado unos 300 metros cuadrados de terreno en la zona en la que se supone que se encuentra la fosa. Aunque la tecnología empleada no permite la localización de restos óseos, sí detecta las áreas en las que se ha producido lo que los técnicos denominan "intervención antrópica", es decir movimientos con diferentes perfiles de sustrato y relieves, no necesariamente relacionados con fenómenos naturales.
El punto de vista de la familia
La exploración se hace de forma simultánea al proceso abierto por la Junta de Andalucía para que los interesados presenten alegaciones a la apertura de la fosa y se inicia un día después de que se publicara en el Boletín Oficial de Andalucía la ampliación de su plazo en diez días, a petición de la familia del poeta, para poder estudiar el expediente de exhumación y pronunciarse al respecto.
El objetivo de esta resolución es que todas aquellas personas interesadas, como la propia familia Lorca que se ha opuesto siempre a la exhumación, presenten alegaciones. La Junta explica que el artículo 13 de la ley de memoria histórica le obliga a "ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban ser trasladados" y que para ello ha de "dar publicidad a las solicitudes presentadas, comunicando en todo caso su existencia a la Administración General del Estado" para incluir el enterramiento en el mapa de fosas que elabora el Estado.
Más afectados
La sobrina del poeta, Laura García-Lorca, ha asegurado que será la semana que viene cuando los herederos se reúnan para tomar una decisión, que aún no han concretado, hasta que puedan estudiar la documentación solicitada para la exhumación, que podría producirse a mediados del mes de octubre.
La Asociación Granadina para la Memoria Histórica, a la que pertenecen los nietos de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, fusilados junto al poeta, solicitaron la apertura de esta fosa al juez Baltasar Garzón el 12 de septiembre de 2008. Garzón autorizó la exhumación, pero luego se inhibió en favor de los juzgados territoriales y el de Granada le devolvió la causa al magistrado por entender que se trataba de un crimen contra la humanidad y que, por tanto, no era competencia suya.