De esta forma, el Gobierno entendía la tauromaquia como una «disciplina artística y un producto cultural» y consideraba que las competencias del Estado en orden a su fomento y protección debían tener su ubicación en Cultura.
Desde ese momento, se puso en marcha el dispositivo de cambio de adscripción para las cuestiones relacionadas con la promoción y fomento de esa disciplina artística, los estudios, estadísticas y análisis sobre la materia y también el registro de profesionales del sector. Pasando igualmente al Ministerio de Cultura el secretariado de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos.
Demanda del sector
El Real Decreto que ahora se aprueba materializa todos esos cambios, termina, según el Gobierno, de «ordenar el sector y da satisfacción a necesidades de correcta ubicación y atención de las disciplina y de los profesionales del sector».
Con ello se cierra, además, el esquema de cometidos de las diferentes administraciones, puesto que las comunidades autónomas habían recogido ya en su totalidad y con el carácter de exclusivas las competencias en materia de espectáculos públicos y la actividad de policía de los espectáculos taurinos. Además se responde a la demanda de las asociaciones y grupos de interés del sector que participaban de la misma idea, y con los cuales se habían venido celebrando reuniones desde fines del pasado año.
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