De hecho, en un comunicado, la Armada detalla que investigaba desde el pasado mes de octubre si la actividad de este buque con bandera panameña, pero propiedad de una empresa estadounidense, estaba relacionada con la exploración, investigación o localización de patrimonio cultural subacuático en la plataforma continental española.

Registro y expulsión

El patrullero llevó a cabo una inspección del buque, con la conformidad de su capitán, con el fin de corroborar que no estaba realizando actividades ilícitas. Durante el registro, los marinos españoles comprobaron que el navío contaba con material técnico especializado para la búsqueda de pecios, tales como un sónar de barrido lateral y un sondador monohaz. El capitán del barco confirmó de hecho que esa era la tarea que estaban realizando.

Tras el registro y el interrogatorio, el Infanta Cristina les remitió una carta invitándoles a cesar su actividad en virtud del artículo 77 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley en la Mar (conocida como Ley del Mar) y el artículo 10.2. de la Convención de Naciones Unidas sobre Protección del Patrimonio. Debido a esto, el barco comercial abandonó la zona.

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