La compañía considera que la fragata de nuestra armada, a pesar de ser hundida por la flota inglesa, no iba en misión de guerra, y que la mayor parte de la fortuna que se hundió pertenecía a los mercaderes que viajaban en el barco. Eso serviría, según la compañía expoliadora, para anular el principio de Inmunidad Soberana sobre la nave que ha reclamado siempre España. Odyssey ha señalado que probablemente los jueces, con sede en Atlanta (Georgia), no emitirán su dictamen sobre la propiedad del tesoro hasta bien entrado el año.
El juez Merryday rechazaba en aquel dictamen las últimas reclamaciones presentadas por la empresa sobre la propiedad de las monedas y otros objetos saqueados del pecio, valorados en unos 400 millones de euros.
Recurso de Odyssey
El Gobierno español siempre ha sostenido que los restos pertenecen a un cementerio marino -en la explosión del navío fallecieron 200 marinos y sus familiares- y se encuentran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, un principio jurídico "absolutamente claro" en EE.UU. La sentencia de diciembre estipulaba que Odyssey podía seguir haciéndose cargo del tesoro hasta que se acordara la manera de entrega y a la espera de un posible recurso que pudiera presentar la empresa estadounidense.
El presidente de la compañía expoliadora, Greg Stemm, ya afirmó en un comunicado emitido tras conocerse aquella sentencia que su empresa acudiría al Undécimo Tribunal de Apelaciones para defender su caso y evitar entregar el tesoro a España. "La decisión del juez Merryday supone que podamos acudir rápidamente al Tribunal de Apelación, donde estamos convencidos que el asunto legal está claramente a nuestro favor", señaló Stemm.
Soberanía española
Como en anteriores sentencias, Merryday reafirma que el tesoro extraído por Odyssey del fondo del mar, en un pecio denominado por la empresa estadounidense Cisne Negro, pertenece sin duda a la fragata española. Por ello, según el juez, el lugar del hundimiento y todos los objetos encontrados están bajo soberanía española, lo que reafirma las decisiones previas en el mismo tribunal de Tampa del juez Mark Pizzo.
Odyssey había mantenido en varios recursos que no había pruebas definitivas de que se tratara de la fragata y que, aunque así fuese, el buque estaba en una misión comercial y no militar cuando se hundió en el Atlántico en 1804 después de que una bala de cañón inglesa hiciera saltar su santabárbara.
El tesoro fue expoliado en mayo del 2007 en un lugar aún no identificado al sur de Portugal y al oeste de Cádiz. Cuando la compañía hizo público el hallazgo, el Gobierno español lo reclamó con el argumento de que pertenecía al cargamento de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida por una flota inglesa en esa zona el 5 de octubre de 1804 durante la Batalla del Cabo de Santa María. Pero para entonces Odyssey ya lo había trasladado a Florida a través de Gibraltar. El Gobierno español denunció ante los tribunales estadounidenses a la compañía y reclamó la propiedad de las 500.000 monedas de oro y plata, que pesan alrededor de 17 toneladas, que transportaba el navío español.
Posición oficial
En septiembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos apoyó ante el tribunal la petición española con documentación jurídica preparada por el Departamento de Justicia que incluían las posiciones del Departamento de Estado y de la Armada estadounidenses.
A raíz de la publicación en hoyesarte.com de aquella noticia sobre la postura oficial estadounidense, José María Moncasi de Alvear, descendiente directo del almirante Diego de Alvear, comandante de la flota en la que se incluía la Mercedes, agradeció desde estas páginas al presidente de Estados Unidos su apoyo a España en el caso.
La historia de Diego de Alvear y el mencionado navío se remonta a 1802. Ese año, el almirante regresaba a España tras haber servido a la Corona y a España como Segundo Comisario de la Demarcación de Límites entre España y Portugal. La fragata partió del Callao rumbo a Cádiz transportando patrimonio de la Corona y de comerciantes españoles. En esa larga travesía, cuando la Mercedes se encontraba ya frente a las costas portuguesas, el comandante De Alvear, desde otro navío, vio cómo la fragata española explotaba tras un ataque inglés llevándose consigo a su esposa, a siete de sus ocho hijos y toda su fortuna.
El proceso legal en Estados Unidos requiere que todas las partes que se presentaron en el proceso judicial argumentaran ante el juez Steven Merryday la legitimidad de la decisión adoptada el pasado junio por el magistrado Pizzo, que dictaminaba que el tesoro debía ser devuelto a España.
Cementerio de españoles
Ante el informe y la recomendación emitidas por el magistrado Pizzo, el abogado del Gobierno español argumentó que dicha decisión reflejaba "un correcto y cuidadoso análisis de la evidencia y de los principios legales que establecen que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercial".
Aquella primera decisión de Pizzo, que consolidaba el precedente establecido en el caso del Juno y la Galga, reconocía de una manera clara y contundente que el “mutuo respeto entre las naciones requiere que el lugar donde se encuentra el pecio Nuestra Señora de las Mercedes con todas las personas que perecieron en aquel día fatídico permanezca inalterado. El Derecho internacional reconoce la solemnidad del lugar donde yacen y los intereses soberanos de España en preservarlo".
Odyssey había propuesto al Gobierno español llegar a un acuerdo sobre los derechos de propiedad del tesoro que transportaba la fragata. España siempre se opuso a ningún acuerdo con una empresa a la que calificó de "pirata".
Patrimonio de nuestra historia En el momento de la batalla, las hostilidades entre Gran Bretaña y España habían sido suspendidas por el Tratado de Amiens de 1802, por lo que nuestro país no se encontraba en guerra con Inglaterra. En respuesta a este ataque, España declaró la guerra a Gran Bretaña y entró nuevamente en las Guerras Napoleónicas que duraron otra década más. El hundimiento de la Mercedes marcó un momento clave en la historia de España y de Europa; por tanto, el Gobierno español siempre ha sostenido que el pecio y su contenido forman parte del inalienable patrimonio histórico de nuestro país. |
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