La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha destacado que en la propuesta de enmienda «no hay cambios sustanciales y se mantiene el procedimiento mixto administrativo-judicial. Se modifica únicamente la intervención judicial en la identificación de la web responsable: en la fase inicial del proceso será un juez quien deba autorizar o no la identificación del presunto responsable de la vulneración de los derechos de autor, es decir, ningún responsable de una web va a ser identificado sin una autorización judicial».

¿Diligencia y celeridad?

Según González-Sinde, el «interés principal es conseguir la máxima diligencia y celeridad tanto en la intervención administrativa de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual como en la intervención judicial». Sin embargo, numerosos juristas han planteado sus dudas en cuanto a que se logre esa pretendida celeridad si se tiene en cuenta el retraso acumulado por los tribunales españoles a la hora de resolver cualquier causa.

En la nueva redacción, el juez interviene desde el primer momento del proceso, cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad.

Canon digital

Además, PP y PSOE han introducido una alusión al llamado canon digital (la tasa que grava cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento): «El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada».

La ministra de Cultura ha hecho hincapié en que no se suprime el canon, en aplicación de una Directiva de la UE. No obstante, será modificado teniendo en cuenta una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El acuerdo pone fin a algo más de un año de tramitación de una norma que se introdujo como disposición final a la Ley de Economía Sostenible (LES) y cuyo proceso ha estado jalonado de polémicas. Ahora, la enmienda llegará a la Comisión de Economía del Senado y de allí pasaría al Pleno, previsiblemente en el mes de febrero. Del Senado volverá junto con el resto de la LES al Congreso del los Diputados, donde finalizará su tramitación.

El presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, ha descalificado en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado: «Han pactado una ley que no convence a nadie».